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Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)


El consumidor puede consultar información y orientación para tramitar sus reclamaciones a entidades bancarias, compañías de la luz o cualquier otra empresa privada y, sólo en caso de estar empadronado en el municipio, puede pedir mediación en caso de conflicto para intentar llegar a una solución amistosa por ambas partes.

El arbitraje:

Es una vía extrajudicial, rápida, eficaz y económica que permite resolver fácilmente los desacuerdos que puedan surgir entre los dos protagonistas del consumo: el comprador o usuario y el vendedor o prestador de servicios.

La efectividad del sistema arbitral de consumo ha sido contrastada a lo largo de un periodo experimental que se inició en 1986. El 3 de mayo de 1993 se promulgó, por Real Decreto, su Reglamento de funcionamiento y ofrece:

  • RAPIDEZ, porque se tramita en un corto espacio de tiempo. Máximo de 4 meses desde la designación del Colegio Arbitral.
  • EFICACIA, porque se resuelve mediante un laudo o resolución sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria.
  • ECONOMÍA, porque es gratuito para las partes, que deben costear sólo en determinados supuestos la práctica de peritajes.
  • VOLUNTARIEDAD, porque ambas partes se adhieren libremente al sistema para quedar vinculadas a las resoluciones.
  • EJECUTIVIDAD, porque los laudos -resoluciones arbitrales- son de aplicación obligada.

El Distintivo:

Si usted, consumidor o usuario, ve que un establecimiento ostenta ese distintivo en su local o en su publicidad, se asegura poder resolver los desacuerdos que puedan producirse con él a través del arbitraje de consumo.

Si usted, empresario, se adhiere al sistema arbitral de consumo, podrá exhibir un distintivo oficial, debidamente registrado por la administración, que indicará a sus clientes la oferta de una garantía añadida a los servicios que les presta habitualmente.

Cómo se tramita:

La solicitud de arbitraje se formaliza ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponde al domicilio del consumidor, personalmente o a través de los Servicios Provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía, Oficinas Municipales de Información al Consumidor o Asociaciones de Consumidores.

Formalizado el Convenio Arbitral entre las partes, la Junta Arbitral dará traslado de la solicitud de Arbitraje a la empresa reclamada, para que realice alegaciones o proponga llegar a un acuerdo con la parte reclamante.

Si las partes no han llegado a un acuerdo, se designará un Colegio Arbitral que estará compuesto por:

  1. Un árbitro representante de los consumidores.
  2. Un árbitro representante del sector empresarial implicado.
  3. Un Presidente del Colegio Arbitral, que será designado entre personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Seguidamente se celebrará el Acto de la Audiencia, que podrá llevarse a cabo verbalmente o por escrito y no será necesaria la asistencia de abogado ni procurador.La Resolución o el Laudo adoptado por el Colegio Arbitral es vinculante para ambas partes.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Definición de consumidor y sus derechos» tab_id=»definicion-consumidor-derechos»][vc_column_text]

Definición de Consumidor:

Según el artículo 3 de la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece que, son consumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales, productos, bienes o servicios, actividades o funciones independientemente del carácter individual o social, público o privado, de quienes lo produzcan, suministren o los emanen.No tendrán la consideración de consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios con el fin de integrarlos en la organización o ejercicio de una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios, incluidos los públicos.

Derechos de los Consumidores:

Son derechos de los consumidores, en el ámbito de la aplicación de esta Ley:

  1. La efectiva protección frente a las actuaciones que por acción u omisión ocasionen riesgos o daños que puedan afectar a la salud, al medio ambiente, o a la seguridad de los consumidores.
  2. La protección, reconocimiento y realización de sus legítimos intereses económicos y sociales.
  3. La indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios producidos en los bienes, derechos o intereses que esta Ley tutela, de conformidad con la legislación vigente.
  4. La constitución de organizaciones y asociaciones de consumidores a través de las cuales ejercerán: a) La participación en las actividades de las instituciones públicas andaluzas que directamente les afecten.b) La audiencia en consulta para la elaboración de las disposiciones de carácter general que puedan interesarles o afectarles.c) La representación de los derechos e intereses reconocidos y protegidos en esta Ley.
  5. La información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional sobre las operaciones y sobre los bienes y servicios susceptibles de uso y consumo, de acuerdo con la normativa vigente.
  6. La educación y formación en relación con todas las materias que puedan afectarles como consumidores.
  7. La especial protección en aquellas situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse individual o colectivamente.

Con la promulgación de la Constitución de 1.978, la protección de los consumidores y usuarios se convierte en un principio básico que obliga al Estado a asegurar a los ciudadanos sus derechos y libertades en este ámbito. Así, en su artículo 51 dice:

  1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
  2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
  3. En el caso concreto de Andalucía, en el artículo 18.1.6 de su Estatuto de Autonomía, se atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre defensa del consumidor y del usuario.

Funciones:

Además de la labor de vigilancia, control general, inspección y de investigación ante indicios de irregularidad, la Inspección de Consumo tendrá las siguientes funciones:

  • Informar a los inspeccionados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento de las normas.
  • Advertir al inspeccionado de la situación irregular en la que se encuentra e indicar un plazo prudencial para que realice las modificaciones necesarias.
  • Proponer a los órganos competentes las medidas que consideren adecuadas a las irregularidades que hayan detectado y colaborar en su ejecución en la forma que en cada caso se determine. Los inspectores de Consumo, además, podrán adoptarlas provisionalmente en casos de urgencia según lo dispuesto en esta Ley.
  • Realizar las actuaciones previas a un eventual procedimiento sancionador o de otro tipo que juzgue necesarias el órgano competente para la incoación.
  • Colaborar en los procedimientos administrativos sancionadores o de otro tipo practicando las diligencias que ordene el instructor.
  • Colaborar en la toma o suministro de datos con finalidad estadística o de estudios de mercado.

¿Qué es una reclamación?

Es poner en conocimiento de la Administración la posible existencia de una irregularidad en materia de consumo, de interés individual, solicitándose por parte del consumidor o usuario que reclama, la solución del conflicto o el resarcimiento por el daño o perjuicio sufrido.

¿Dónde?

Podrá reclamar en la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento; en las Juntas Arbitrales de Consumo (Municipal, Provincial o Autonómica);en las Asociaciones de Consumidores, o ante el Servicio Provincial de Consumo, dependiente de la Junta de Andalucía.

¿Cómo se reclama?

Para reclamar se deberá cumplimentar la Hoja de Reclamaciones, solicitándola en el establecimiento donde hayamos tenido el problema, haciendo constar los siguientes datos:- Identificación del reclamante.- Identificación del establecimiento reclamado.- Hechos que motivan la reclamación.- Pretensiones del reclamante (devolución del dinero, cambio del producto,…).

La Hoja de Reclamaciones viene regulada en el Decreto 171/89, que señala que constará de tres copias. Una vez cumplimentada se deberá dejar la copia rosa en el establecimiento, conservando en su poder las dos restantes (la blanca y la verde). En un plazo de diez días el establecimiento deberá dar respuesta escrita a su reclamación. Transcurrido este plazo, si no ha recibido respuesta o de no estar de acuerdo con la misma, podrá dirigirse a las Oficinas Municipales de Informacción al Consumidor y en su defecto, a los Servicios de Consumo de la Junta de Adalucía, donde presentará la copia blanca, junto con aquellos documentos que estime conveniente para fundamentarla, y, en su caso, el escrito de contestación del establecimiento.

¿Qué es una denuncia?

Es poner en conocimiento de la Administración la posible existencia de una irregularidad o infracción en materia de consumo, que afecta a la generalidad de la población. De la presentación de una denuncia se derivan una serie de actuaciones, tales como: inspecciones, procedimiento sancionador, etc, etc …