A nadie se le escapa que los mayores en Fuengirola son grandes protagonistas en la ciudad y una prueba de ello es el extenso calendario de actividades que se programa a lo largo de todo el año centrado en el ocio, la cultura y el deporte. Porque lo que se pretende desde el equipo de gobierno es que estén activos en todo momento y formen parte del día a día del municipio. Pero también la labor social que se desarrolla desde el Ayuntamiento con ellos es una parte a tener en cuenta y para avanzar en este aspecto el pleno ha dado luz verde a un reglamento que permitirá que mayores con escasos recursos puedan compartir una vivienda de titularidad municipal, como si de compañeros de piso se tratatara.

El encargado de defender la propuesta ha sido el edil de Servicios Sociales, Francisco José Martín, quien ha explicado que se da un paso más con la aprobación del reglamento que permitirá controlar el proceso y los parámetros de acceso a estas viviendas, así como algunas normas de convivencia. De hecho, el edil ha detallado que el Ayuntamiento dispone ya de una vivienda completamente habilitada para este fin.

«Es un proyecto ilusionante, que surgió tras una reunión que la alcaldesa y yo mantuvimos con una señora que tenía serios problemas para llegar a final de mes. Por supuesto, le prestamos ayudas a través de Servicios Sociales, pero hemos querido dar un paso más con la puesta en marcha de esta iniciativa de pisos compartidos entre mayores», ha explicado el edil.

Así pues, la fórmula de Viviendas Compartidas se presenta, ante la necesidad de un alojamiento alternativo para estas personas, en una tendencia a adaptar el recurso a la necesidad y no al contrario.

Las Viviendas Compartidas son alojamientos en los que un grupo de personas, preferentemente las incluidas en el colectivo de «mayores» o personas con discapacidad, que disfrutan de un grado aceptable de independencia personal, eligen vivir en régimen de autonomía, aunque bajo la tutela y/o asistencia técnica de una entidad pública, en este caso del Ayuntamiento.

En especial, los alojamientos compartidos están concebidos para aquellas personas mayores de 60 años de edad que lo precisen y cuyo perfil y características se reflejan en reglamento. Por norma general se dirigirán a personas que se encuentren en un estado físico y psíquico que no necesita de apoyo externo, tengan dificultades para mantenerse en su vivienda por deterioro de la misma o problemas de convivencia, o que sean obligados a abandonarla o no dispongan de recursos económicos, familiares y/o sociales, etc.

Cada usuario contará con una habitación individual o en el caso de las parejas, podrán compartirla. Eso sí, tanto el salón, como los baños o la cocina serán considerados como zonas comunes, por lo que los «compañeros» deberán compartir esos espacios. Además el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se encargará de las labores generales de limpieza de las viviendas.

Entre los requisitos establecidos en el reglamento para acceder a este programa destaca que el solicitante deberá mayor de 60 años, mientras que los menores podrán acceder a una plaza cuando tengan una relación de matrimonio o similar, o de parentesco hasta el segundo grado, con otro/a solicitante de 60 o más años; ser jubilado o prejubilado, o persona que tenga reconocida una discapacidad que le permita realizar las actividades básicas de la vida diaria de forma independiente, siempre que éstos tengan 50 o más años y haya disponibilidad de plaza; ser natural o estar empadronado con 3 años de antigüedad inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud en Fuengirola; no sufrir enfermedad infecto-contagiosa; Que puedan desplazarse por sí mismos; que puedan responsabilizarse de su propia medicación (cuando lo precisen).

También en el reglamento se estipula que los usuarios no deben disponer de familiares directos que puedan atender las necesidades de alojamiento de la persona solicitante. Y en el caso de disponer de éstos, acreditar las causas por la que no se pueden hacer cargo de la misma ante la Comisión Técnica. Si uno de los miembros falleciese y el otro cumple con los requisitos establecidos, éste/a mantendrá la condición de beneficiario/a del servicio. Los usuarios deberán abonar hasta un 25% de sus pensiones hasta un máximo de 150 euros, aunque esto puede cambiar una vez que se determinen quiénes son los usuarios que se benefician de la iniciativa,

«Estamos gestionando para intentar dar respuesta a este colectivo, a las necesidades de los mayores con escasos recursos, que para nosotros son una de nuestras prioridades. Me comprometo a que la aportación que deberá abonar cada usuario, una vez que se determine quiénes son, será ajustada a los costes de mantenimiento de la vivienda. Es un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión», ha explicado la alcaldesa, quien ha explicado que los beneficiarios de este programa serán considerados como arrendatarios del inmueble.